Ecuador: Producción agropecuaria a pequeña escala

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La importancia de los pequeños sistemas agrícolas en el país es innegable, sin embargo existe un alto nivel de concentración de la tierra que afecta a las pequeñas unidades agrícolas usualmente familiares, “Las pequeñas propiedades, seguramente las más numerosas de la agricultura familiar, no disponen sino en una forma limitada del factor tierra.

Solo a partir de las 10 hectáreas, la relación entre unidades productivas y la tierra es favorable a las primeras”. Si bien ni la actual LORSA ni su reglamento, definen límites a la concentración de la tierra, deja a discreción de las autoridades competentes la aprobación o negación de compraventa de tierra por razones productivas, pero no consideran otros factores fundamentales en tales decisiones como: la función social y ambiental de la propiedad, la presión demográfica, los tipos de agriculturas familiares y campesinas de la zona que se verían afectadas.

La producción campesina en el Ecuador está marcada por la pequeña propiedad sobre la tierra; 6 de cada 10 unidades productivas privadas tienen una extensión menor a 5 ha. Por otro lado, la mitad de las familias rurales, (es decir cerca de dos millones de ecuatorianos/as), sobreviven en unidades productivas de 2 ha, o menos. Esta inequidad estructural en el acceso a la tierra, y a otros recursos naturales, acentúa los problemas graves de desnutrición, marginación, emigración y pobreza.

La realidad del país no es única, cada región presenta sus particularidades por razones de calidad de suelo, clima, o prácticas culturales, por lo que el promedio de tenencia familiar por región varía: Costa menores a 20  ha; Sierra menores a 5 ha y AMAZONIA menores a 50 ha.

Sin embargo de los datos referidos, también es necesario enfatizar cuál es el tipo de propiedad preponderante en tierras rurales. De la totalidad de las Unidades de Producción Agropecuaria (UPA) pertenecientes al sector privado, 577.195 son propias con título, 133.834 tienen una tenencia mixta, 56.261 se encuentran ocupadas sin título, 42.787 corresponden a alguna otra forma de tenencia, 13.408 son comuneros o cooperados, 10.135 UPA son arrendadas y, finalmente, 9.262 UPAs corresponden a aparcería o al partir (INEC, 2016).

Para abordar este escenario la LORSA en su art. 14 establece la siguiente política “El cumplimiento de las funciones social y ambiental de las propiedades rurales de la agricultura familiar campesina, contará con el apoyo del Estado que dictará las políticas necesarias y establecerá los medios e instrumentos para el efecto. Ley de tierras”, sin embargo no hay mucha evidencia de un trabajo en esta dirección.

El sucesor del Banco Nacional de Fomento, BanEcuador, es un banco estatal que otorga microcréditos, individuales o conjuntos para el desarrollo del área rural. Al mes de septiembre de 2016, existen créditos que asciende al valor de 3.984’782.704,56 dólares otorgados a 1’180.424 clientes (RFR, 2016). Sin embargo la cobertura crediticia es aún insuficiente.

Este escenario se complejiza, si tomamos en cuenta el abierto estímulo a la inversión extranjera que plantea la LORSA “podrán adquirir, arrendar o tomar en usufructo, tierras rurales en el territorio nacional para proyectos de producción agraria, previa autorización de la Autoridad Agraria Nacional...” (art. 20). En tal sentido, esta ley otorga a la Autoridad Agraria Nacional plena discrecionalidad para autorizar la adquisición, arrendamiento o usufructo de las tierras rurales en el Ecuador, a no ser que se encuentre asociado con pequeños productores locales, siempre y cuando se vele en favor de la soberanía alimentaria (ENI Ecuador; ILC-ALC, 2015).

Si bien la CRE previó un Fondo Nacional de Tierras, instrumentalizado recientemente en la LORSA, es de esperar que promueva el acceso equitativo de campesinos y campesinas a la tierra. En general es necesario que la consolidación de los sistemas agrícolas en pequeña escala no sea solamente para fortalecer los sistemas productivos, sino para transformar la estructura concentradora de tierras, promover políticas redistributivas y generar sistemas de incentivos a la agricultura familiar y a la comercialización local.

Tomado de: ATLAS DE LOS GRUPOS ECONÓMICOS AGROALIMENTARIOS DEL ECUADOR, 2019

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