17/04/2020 En el marco de la actual crisis sanitaria causada por la pandemia de la Covid-19, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural ha anunciado una serie de medidas claves para sostener el normal funcionamiento del suministro alimentario, entre ellas: la creación de una Mesa Nacional de Coordinación de Abastecimiento, el otorgar de facultades al Banco Agrario de Colombia y al Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro), para celebrar acuerdos de recuperación y pago de cartera a pequeños y medianos productores agropecuarios, la creación de un incentivo económico para trabajadores y productores del campo mayores de 70 años que tengan aislamiento obligatorio y que no estén cubiertos por algún beneficio del Gobierno Nacional, entre otras.
Un factor sustantivo que se debe priorizar para evitar disrupciones en la cadena de suministro, es que los pequeños productores cuenten con todas las garantías para mantener los niveles de producción de alimentos. La ecuación es simple: si ellos no venden, no generan ingresos; sin ingresos no pueden ni alimentarse, ni comprar los agroinsumos necesarios para una nueva siembra.
Un instrumento de política efectivo para mitigar esta problemática es la compra pública local. Desde hace más de 10 años, varios países de América Latina[1] (independientemente de su orientación política), han utilizado la capacidad de compra de los gobiernos como un mecanismo para generar inclusión e ingresos estables en los pequeños productores rurales, al convertirlos en proveedores directos de los programas que adquieren alimentos.
El Estado colombiano invierte al año aproximadamente $2.6 billones en compras de alimentos que son administrados por operadores contratados en distintas entidades como ICBF, ASPEC, Ministerio de Educación, alcaldías y hospitales públicos, para abastecer las necesidades de sus programas de alimentación. Recursos que se diluyen en las negociaciones entre los intermediarios y los operadores regionales, desaprovechando la oportunidad de dinamizar las economías municipales a partir de la vinculación de la producción de los agricultores locales.
En esta coyuntura, ampliar las compras públicas puede ser de suma relevancia. Por un lado, permitiría evitar fluctuaciones de precios, brindado a los productores mayor certeza sobre la comercialización de sus productos; por otro, permitiría constituir reservas estratégicas para distribuir a la población en estado de emergencia alimentaria o bien, para evitar un desabastecimiento futuro de algunos alimentos fundamentales.
¿Cómo poner en marcha una estrategia de compras públicas locales?
Colombia cuenta con experiencias previas que permiten no comenzar de cero. Entre 2015 y 2016, a través de un proyecto de cooperación con FAO, se desarrollaron pilotos en Antioquia (Cáceres, Granada y El Carmen de Viboral) y Nariño (Samaniego y Córdoba), en los que más de 15 organizaciones campesinas se convirtieron en abastecedores directos del Programa de Alimentacion Escolar y del ICBF; adicionalmente se fortaleció la institucionalidad local y se mejoró la calidad e inocuidad de los alimentos destinados a los niños y niñas beneficiarios.
La estrategia comienza a tener mayor voluntad política e institucional. La Reforma Rural Integral incluye las compras públicas como un mecanismo del Plan Nacional para la Promoción de la Comercialización de la Producción de la Economía Campesina, Familiar y Comunitaria. En igual sentido, el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 establece en el artículo 229, una calificación diferenciada para la compra pública de alimentos en la atención de la demanda de los programas institucionales, en la que “las entidades públicas contratantes deberán adquirir hasta el cuarenta por ciento (40%) de alimentos procesados o sin procesar, en donde los insumos y los productos hayan sido adquiridos de productores agropecuarios locales”.
En la práctica, en el 2017 se consolidó la Mesa Nacional de Compras Públicas Locales[2] como un espacio para facilitar la coordinación interinstitucional y multisectorial para tal fin. En los últimos años, la Mesa Nacional ha promovido en 26 departamentos del país la estrategia, y en el 2019 logró la firma de 500 acuerdos comerciales por más de $11 mil millones de pesos, en los que participaron más de 700 productores locales, 500 operadores institucionales, y se vincularon mercados privados, como lo son las cadenas hoteleras. Con todas estas experiencias, FAO ha sistematizado una guía para funcionarios con el paso a paso para la puesta en marcha de esta estrategia.
A pesar de los buenos resultados, la aprobación de marcos normativos es fundamental para que esta estrategia pase de ser una apuesta coyuntural a una política de Estado. En Colombia, se encuentra en discusión el Proyecto de Ley 026/19[3], “Por el cual se establecen mecanismos que favorecen la participación de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria en los mercados de compras públicas de alimentos”. El Proyecto, que fue aprobado en la Cámara de Representantes en junio del 2019, busca fortalecer la articulación de las entidades involucradas en las compras públicas; establecer un mínimo de 10% para la compra de alimentos a la Agricultura Familiar; priorizar alimentos locales en la construcción de las minutas alimentarias; avanzar hacia el pago de contado a los productores; y construir un sistema de información de compras públicas locales de alimentos.
La pandemia no espera y los alimentos perecederos de los agricultores familiares tampoco. Los mercados no se articularán eficientemente en este contexto de aislamiento, asimetrías de información e incertidumbre. Alcaldes, gobernadores y las autoridades nacionales deben disponer de los diferentes instrumentos de política para ponerlos en función de la mitigación de la eventual crisis alimentaria. La compra pública local es uno de estos instrumentos, aprovechemoslo.
Marcos Rodríguez Fazzone
Especialista Senior
Agricultura Familiar y Mercados Inclusivos
FAO Colombia
Tomado de: FAO